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Responsabilidad de los administradores frente a las decisiones tomadas durante la pandemia

02/06/2020

Debido a la pandemia del Covid-19 y los efectos adversos que ha ocasionado el decreto de emergencia del gobierno sobre las empresas, los administradores se han visto envueltos a tomar decisiones que no necesariamente velan por el interés de la sociedad; sino que giran en torno a proteger a los trabajadores, la comunidad y la subsistencia de la empresa. Esto, incrementa la posibilidad de que los accionistas o terceros tomen acciones en su contra, puesto que muchas decisiones que se deben tomar como consecuencia del covid-19 tienen una motivación diferente a la de beneficiar a la sociedad y aumentar sus utilidades, por lo cual resulta necesario analizar la responsabilidad a la que pueden estar sujetos los administradores con el objetivo de que puedan salvaguardarse.

 

Régimen general de responsabilidad de los administradores

Según el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, se les llama administradores a los representantes legales, a el liquidador, a el factor, a los miembros de la junta o consejos directivos y quienes en virtud de los estatutos cumplan con las funciones dispuestas por la ley.  Así mismo, el ordenamiento jurídico colombiano ha contemplado la posibilidad de catalogar como administrador en una Sociedad por Acciones Simplificadas a aquel que, sin tener la calidad expresamente determinada por los estatutos, ejerza una actividad de gestión o dirección de la sociedad; esta figura es conocida como administradores de hecho.

Dentro de los deberes generales que deben cumplir quiénes ostenten esta calidad, se encuentra el obrar con buena fe, la lealtad y el obrar como buen hombre de negocios. El primero, implica que las actuaciones y decisiones tomadas por el administrador en nombre de la sociedad deben ser legítimas y exentas de fraude. El segundo, el deber de lealtad, corresponde al actuar recto para realizar satisfactoriamente el objeto social de la empresa, evitando situaciones de conflictos de interés que puedan perjudicar a la sociedad. Finalmente, el deber de actuar como un buen hombre de negocios es el deber de obrar con la diligencia que un hombre profesional emplea en la administración de sus negocios importantes.

Considerando la importancia que tienen los administradores, la ley prevé un régimen especial de responsabilidad por el incumplimiento de los deberes generales y específicos. De esta forma, el artículo 200 del Código de Comercio, indica que en caso de que exista un perjuicio para la sociedad, los socios o terceros, los administradores responderán solidaria e ilimitadamente si dicha situación se ocasionó por una decisión que tomó por dolo o culpa. Frente a este punto en particular, es necesario precisar que las actuaciones dolosas hacen referencia a la realización de una acción que implique un daño o perjuicio a otra persona de manera voluntaria. Contrario a eso, la culpa implica que, a pesar de se generen perjuicios a una persona por un comportamiento, este no se despliega con la intención de hacer daño de manera voluntaria o consciente.

Cabe recordar que, si bien las presunciones legales pueden ser desvirtuadas, en caso de que el administrador incumpla o se extralimite en las funciones otorgadas, o viole los estatutos de la sociedad o la ley, se presumirá su culpa; de ahí que, si este comportamiento genera un perjuicio, el administrador será responsable solidaria e ilimitadamente para el resarcimiento de los daños ocasionados. Así mismo, se presumirá la responsabilidad cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades sin que estos estén justificados en balances reales sobre el estado de la compañía; en este caso, responderán por las sumas que se dejaron de repartir o que se repartieron en exceso.

Por otro lado, el Estatuto Tributario Colombiano sitúa en cabeza de este organismo societario la obligación de cumplir con los deberes formales de la compañía; es decir, la presentación de las declaraciones tributarias, el suministro de información y expedición de facturas, la conservación de los libros de contabilidad, entre otras. Así pues, si los obligados a cumplir con estas disposiciones no lo hacen, responderán subsidiariamente por las consecuencias que implique ese incumplimiento; en otras palabras, si la sociedad no puede responder por las sanciones impuestas por no cumplir las disposiciones del Estatuto, lo hará el administrador.

Frente a la responsabilidad civil, según el artículo 82 de la Ley 1116 de 2005 (Ley de Insolvencia Empresarial), cuando el patrimonio como prenda común de los acreedores de la sociedad sea desmejorado por las actuaciones culposas o dolosas del administrador, este será responsable civilmente y tendrá que efectuar el pago del faltante del pasivo externo. Es decir, estará a cargo de él el pago de las deudas que no puedan ser cumplidas por la sociedad a través de su patrimonio. 

Finalmente, es pertinente precisar que aquellos acuerdos que tengan como objetivo absolver al administrador de las responsabilidades mencionadas anteriormente o limitarlas, se entenderán por no escritas; es decir, no tendrán efecto alguno en la disminución de la responsabilidad por los perjuicios ocasionados. En este sentido, independientemente de que este pacto se haga a través de un contrato o a raíz de las disposiciones estatutarias, es ineficaz toda cláusula de exoneración de responsabilidad.

 

Regla de discrecionalidad y criterio de deferencia

Aún en el evento en el que las decisiones de los administradores puedan afectar de alguna manera a la sociedad, a través de la regla de discrecionalidad se entiende que los jueces deben abstenerse de examinar las decisiones de negocio adoptadas por dichos individuos en ejercicio de las funciones, en la medida en que estas hayan sido tomadas con una deliberación suficiente por el administrador. Por lo tanto, la decisión adoptada, independientemente del resultado, debe obedecer a un juicio razonable y suficiente guiándose por los deberes generales de buena fe, lealtad y comportamiento de buen hombre de negocios. Dentro de este contexto, el principio de deferencia permite presumir que los administradores tomaron su decisión cumpliendo los deberes de diligencia y a partir de información suficiente, ante lo cual, dichas decisiones no deben en principio ser juzgadas por los jueces.

Sin embargo, cabe resaltar que la Junta directiva cumple un papel determinante en la toma de decisiones de los administradores, puesto que tienen a su cargo el deber de supervisar al equipo de gerencia con diligencia; aún más en tiempos de crisis como los derivados de la pandemia. La supervisión adecuada permitirá que, en la medida de lo posible, se tomen decisiones que no desmejoren a la sociedad, sino que le permitan navegar a través de la crisis de una manera adecuada con el debido cumplimiento de la ley y los estatutos y que, por el contrario, se aproveche en lo posible esta crisis para generar valor agregado mediante fortalecimiento de su valor reputacional o sentido de pertenencia de sus trabajadores

 

Conclusión – Decisiones tomadas durante la pandemia

Teniendo en cuenta que muchas decisiones que se están tomando a raíz del covid-19 no están centradas únicamente en pro de la sociedad y sus accionistas, es necesario que los administradores se aseguren de informar suficientemente a los diferentes órganos sociales sobre las justificaciones de las decisiones que se tomarán. Lo anterior, le permitirá al administrador tener un sustento para desvirtuar la culpa o probar que no hubo dolo en el comportamiento efectuado debido a la crisis que se está viviendo actualmente. Es importante que los administradores tengan un registro motivado de cada una de las decisiones que se tomen, en donde se compruebe el deber de debida diligencia, buena fe y lealtad que la ley prevé para estos cargos.

Para evitar procesos que conlleven a juicios de responsabilidad por las actuaciones realizadas durante la crisis, se recomienda que los administradores obtengan la aprobación de la junta directiva o de la asamblea de accionistas sobre cualquier decisión que no tenga como objetivo un beneficio directo para la sociedad.

 

Dessert

La coyuntura actual podría ser el gran impulso que estaban necesitando las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectiva (BIC) para ser una condición adoptada por las empresas colombianas.

A diferencia de las sociedades reguladas por el Código de Comercio que están enfocadas en generar mayores utilidades y satisfacer los intereses de los accionistas, a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en Colombia se crearon las sociedades BIC. Estas sociedades tienen como objetivo no solamente obtener ventajas comerciales y económicas, sino también buscar el bienestar de los trabajadores, aportar a la equidad social del país y contribuir a la protección del medio ambiente.

En este sentido, bajo este régimen, los administradores de las sociedades podrían tomar decisiones encaminadas a la protección de otros individuos e intereses diferentes a los de la empresa y sus accionistas sin estar inmersos en responsabilidad por ello; como si se puede estar bajo la estructura de los demás tipos societarios que el ordenamiento colombiano contempla. Lo anterior, sería muy beneficioso para los administradores teniendo en cuenta la situación actual derivada del covid-19,

Sobre este tema, hablaremos más adelante en www.abusaidgomez.com

Claudia Marcela Cuellar 

 

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